La decisión del CGPJ sobre los Juzgados de Primera Instancia y sus consecuencias

Tras el artículo que compartimos la semana pasada sobre la decisión del CGPJ, nuestra abogada Rosa Delgado explica las consecuencias que esto acarrea.

Luz verde al ‘plan de urgencia’ del CGPJ para especializar juzgados en Cláusulas abusivas.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado la especialización de 54 juzgados de Primera Instancia (uno por provincia en la península, uno en el archipiélago canario y uno en el archipiélago balear), que a partir del próximo 1 de junio conocerán, de manera exclusiva y no excluyente, los litigios relacionados con las “condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física”, es decir: cláusulas suelo, cláusulas de vencimiento anticipado, Intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca e hipotecas multidivisa.

Este “plan de urgencia” del Consejo General del Poder Judicial sobre los Juzgados Provinciales bises que a partir del 1 de junio tendrían que comenzar a funcionar para hacer frente a la avalancha que se prevé de demandas de cláusulas abusivas, se ha implementado de una forma rápida y desordenada, lo que supone que está, desde su nacimiento, condenado al fracaso.

El centralizar las reclamaciones bancarias en un solo juzgado, necesariamente contribuirá a ralentizar la tramitación y resolución de esos procesos produciendo grandes retrasos en el tiempo de respuesta judicial. Con este plan, a partir del 1 de junio, los afectados tardarán años en obtener una sentencia favorable que les permita recuperar su dinero.

Por ejemplo, el caso del Juzgado provincial de Madrid, además de las demandas de los afectados de Madrid, recogerá todas las demandas de los afectados de Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez, Arganda del Rey, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Majadahonda, Móstoles, Navalcarnero, Parla, Pozuelo de Alarcón, San Lorenzo de El Escorial, Torrejón de Ardoz, Torrelaguna y Valdemoro.

Que toda las reclamaciones de cláusulas suelo y gastos bancarios vayan a un mismo juzgado, supondrá, sin ninguna duda, el colapso de dicho juzgado, que será incapaz de asumir tal sobrecarga de trabajo. Esta circunstancia únicamente beneficia a los bancos, que ganarán muchísimo tiempo mientras se dicta una sentencia condenatoria que les obligue al pago de lo cobrado de más a sus clientes.

Además, este plan supone un sobrecoste añadido a los ciudadanos afectados de localidades ajenas a las capitales de provincia, que tendrán que destinar más recursos económicos, además del tiempo para los desplazamientos, para defender sus derechos ante el Juzgado de Primera Instancia uniprovincial donde se diluciden los asuntos sobre sus cláusulas abusivas.

Y, por si lo anterior fuera poco, los encargados de resolver este tipo de litigios serán los Jueces en prácticas de la 67 promoción de la Escuela Judicial, jueces sin experiencia alguna que no garantizan la prestación de un buen servicio público judicial.

En definitiva, con este “plan de urgencia” del Consejo General del Poder Judicial, los juzgados bises que nacen sin medios materiales y humanos, se verán colapsados en menos de seis meses y estarán dirigidos por jueces sin experiencia, están destinados a convertirse en “juzgados cementerio”, donde quedarán enterradas las demandas de cláusulas abusivas, algo que solo beneficia a las entidades bancarias.